La planificación fiscal: Beneficios para el contribuyente

“Planificación fiscal” es el derecho que todo contribuyente tiene de organizar su actividad, su patrimonio, sus negocios de forma tal de minimizar la carga fiscal tanto como sea posible, dentro de las posibilidades que permite el marco jurídico vigente, ya sea en materia impositiva como comercial, societaria, civil, etc.

La planificación fiscal no es un delito, con ella no se incumple ninguna ley. La planificación fiscal no es defraudación, es una práctica lícita, que muchas veces surge como una necesidad ante la existencia de distorsiones creadas por propio sistema tributario (v.gr. ante la ausencia del ajuste impositivo por inflación, que alcanza utilidades ficticias).

Algunos ejemplos sencillos de planificación fiscal son el depósito a plazo fijo por parte de una persona humana de los fondos originados en la venta de una automóvil o de un inmueble, de esta manera ese dinero está exento en el impuesto sobre los bienes personales y los intereses que genera también lo están frente al impuesto a las ganancias; lo mismo sucede cuando se adquieren títulos públicos nacionales, provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires.

Una sociedad también podrá obtener una mejora en su carga fiscal frente al impuesto a las ganancias al optar por el régimen de venta y reemplazo cuando se moderniza su planta industrial, o al adquirir nueva maquinaria a través de un leasing financiero.

Los ejemplos anteriores en nada violentan leyes fiscales. Muy por el contrario, ilustran situaciones en las que se aprovechan beneficios tributarios de las propias leyes impositivas o de normas específicas, como la ley de leasing.

Otra modalidad de la planificación fiscal consiste en la elección de la forma de realizar un negocio, según su impacto tributario.

Como primer ejemplo, pensemos en el impuesto de sellos, que alcanza los instrumentos que contengan la manifestación de voluntad de ambas partes. Si no se celebra un contrato de compraventa, sino que directamente las partes realizan la venta y la documentan a partir de una factura, un remito y un recibo, se habrá ahorrado la carga fiscal.

La elección del tipo societario también puede permitir un ahorro impositivo. Como es sabido, una sociedad anónima radicada en nuestro país siempre tributa el impuesto a las ganancias al 35%. Sin embargo, si un pequeño emprendimiento comienza con otro tipo societario (ej. sociedad colectiva), la carga fiscal se distribuye entre los miembros y queda expuesta a la escala progresiva de las personas humanas.

No existe ningún delito en esta elección, por cuanto se trata de formas jurídicas amparadas en nuestra legislación comercial, y no hay obligación alguna de optar por constituir todos los negocios como sociedad anónima, que es la forma más gravosa.

 

Lo que no admite la planificación fiscal es la adopción de formas jurídicas inadecuadas para los fines perseguidos, tampoco la simulación ni el abuso de derecho. Como podrá advertirse, estas tres medidas señaladas constituyen figuras defraudatorias, no sólo desde el punto de vista fiscal, sino también desde el derecho privado.

 


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