Los administradores serán solidarios por el no pago de deuda de sus empresas

La reciente Reforma Tributaria establece la responsabilidad solidaria de los administradores y directivos por la deuda de la empresa aunque la misma no surja de una determinación de oficio en el marco de una inspección de la AFIP, sino que la deuda haya sido autodeclarada.

Pero sí se requerirá una determinación de oficio a posteriori para establecer que se configuran las condiciones para hacer efectiva la responsabilidad solidaria del administrador en un marco que le otorgue el debido derecho de defensa.

“La reforma impositiva introdujo modificaciones a la Ley de Procedimiento Tributario que se hicieron para adecuarla a la interpretación que respecto de esos preceptos dictó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El nuevo texto de la norma específicamente establece la facultad de la AFIP para hacer efectiva la responsabilidad solidaria de los administradores de las empresas en el supuesto de que, “por incumplimiento de sus deberes tributarios, (los contribuyentes) no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no regularizan su situación fiscal dentro de los 15 días de la intimación administrativa de pago, ya sea que se trate o no de un procedimiento de determinación de oficio”.

El texto anterior nada decía acerca de la posibilidad de extender la responsabilidad solidaria a los administradores y directivos en el caso de que la deuda surgiera de la propia declaración jurada presentada por el deudor principal, o lo que es igual, sin que fuera necesario el dictado de una determinación de oficio por parte del organismo recaudador.

Este agregado ha generado no poca incertidumbre entre los administradores y directivos de empresas, ya que podría entenderse que en este último escenario no sería requisito dar inicio al procedimiento que determinación de oficio, ya no para determinar la deuda, sino para que el fisco pueda hacer efectiva sobre ellos la responsabilidad solidaria ante la falta de cumplimiento de la intimación administrativa de pago de la obligación que los propios contribuyentes hubiesen declarado.

 

Sin embargo ello debe conciliarse con el hecho de que quienes administran las empresas no contarían con un procedimiento con las garantías que ofrece el de determinación de oficio para ejercer de manera eficaz el derecho de defensa que les asiste a fin de demostrar que en el caso dado no se configuran los presupuestos específicamente normados para que se haga efectiva sobre su patrimonio la responsabilidad solidaria.

 

Toda vez que una adecuada lectura de la Ley de Procedimiento Fiscal permite concluir que la “determinación de oficio” es tanto el procedimiento para establecer el “quantum de la obligación” como el tendiente a la efectivización de la responsabilidad solidaria.

En definitiva, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria en cabeza de los administradores de las empresas se debe seguir el procedimiento de determinación de oficio, de lo que se desprende además que el acto que se dicte en dicho marco, si es que resulta adverso a los intereses del susodicho responsable, podrá ser recurrido por algunas de las vías que dispone la Ley.

Esto es, el recurso de reconsideración ante el superior jerárquico dentro de la propia AFIP, o el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, siendo dable destacar que en ambos casos la interposición de cualquier de ellos posee efectos suspensivos sobre el acto de intimación de pago.

Además, para que se configure la responsabilidad solidaria se deben verificar los siguientes requisitos según surge de la Doctrina y la Jurisprudencia en la materia:

# Incumplimiento de la intimación de pago por parte del contribuyente y que hubieren transcurrido 15 días luego de la notificación del acto en cuestión. No es necesario que dicha intimación se encuentre firme conforme lo interpretó la Corte Suprema en el precedente Bozzano dictado en 2014.

# Que el incumplimiento de la obligación por parte del contribuyente le sea reprochable al responsable solidario a título de culpa o dolo. Ello descarta, por caso, que se pretenda responsabilizar a un administrador que no ejercía el cargo al momento de liquidarse la obligación o de haberse producido su incumplimiento.

# La falta de demostración de que sus representados los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente la obligación, o como dice la norma, si tal omisión no les resulta imputable subjetivamente.


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